Juan Guaidó condena presunto asesinato de líder indígena venezolano

EFE / 800 Noticias

El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó condenó este sábado el presunto asesinato del líder indígena y defensor del ambiente Virgilio Trujillo, que tuvo lugar este 30 de junio en el estado fronterizo de Amazonas, según denunciaron diversas organizaciones ambientalistas y de defensa de los derechos humanos.

La muerte de Trujillo, miembro de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) y parte de una guardia territorial contra la minería ilegal, fue dada a conocer ayer por la ONG Orpia que, a través de Twitter, indicó que el ambientalista «fue asesinado, el jueves 30 de junio 2022, en Puerto Ayacucho, estado Amazonas», sin ofrecer mayores detalles.

Guaidó responsabilizó a la administración de Nicolás Maduro, a la que tilda de «régimen», de la muerte de Trujillo así como de los padecimientos de las comunidades indígenas por causa de la minería ilegal y los grupos irregulares instalados en sus territorios.

«El asesinato de Virgilio Trujillo, así como de todos los indígenas que han padecido las consecuencias de la minería ilegal y los grupos irregulares amparados por la dictadura, no puede ni va a quedar impune. ¡El régimen es la principal amenaza a nuestros pueblos ancestrales!», escribió el antichavista en Twitter.

Las ONG Provea, Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), Fundación Pares de Colombia y CooperAcción de Perú condenaron también, mediante un comunicado, el asesinato de Trujillo, a quien identificaron como un luchador «por mantener su territorio libre de la extracción de minerales y de la presencia de fuerzas irregulares de la guerrilla colombiana que operan en la zona».

«Odevida ha registrado que entre 2013 y 2021, 32 líderes indígenas y ambientales líderes fueron asesinados, 21 de ellos asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)», detalló el escrito.

Ante los hechos, instaron al Estado venezolano a garantizar una «pronta y eficaz» investigación en torno a la muerte del ambientalista y a cumplir con la prohibición establecida sobre toda actividad minera en el estado Amazonas, de acuerdo al decreto 269 de 1989. EFE

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