El informe encargado por el BBVA exculpa a Torres y a todo su consejo de administración del `caso Villarejo’

La investigación forensic de BBVA exculpa a su actual presidente, Carlos Torres, y a todo su consejo de administración, de cualquier responsabilidad en la contratación y actividades del ex comisario José Manuel Villarejo, según se desprende de la información remitida hasta ahora a la Audiencia Nacional y de las medidas internas tomadas.

En vísperas de la declaración, hoy, como investigado (imputado) del ex presidente, Francisco González, y, de entre otros, el propio BBVA como persona jurídica el próximo miércoles, la entidad financiera ha dado por concluidos por ahora sus expedientes internos a altos cargos para esclarecer responsabilidades por el caso Villarejo. Fueron abiertos tras los datos obtenidos en el informe forensic encargado el pasado enero a Garrigues, Uría y Menéndez y PriceWaterhouseCoopers.

La investigación forensic (denominada así por incorporar técnicas sofisticadas de rastreo de correos internos y recuperación de información de ordenadores, entre otros recursos) de estas entidades externas continúa abierta oficialmente por si se producen nuevos hallazgos, pero de sus conclusiones hasta ahora sólo se han derivado dos responsables que continuaban en la entidad en diferente grado, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes conocedoras. Se trata del ex jefe de riesgos inmobiliarios y de la llamada Operación Chamartín, Antonio Béjar, que recurrió a Villarejo en recuperación de créditos morosos del ladrillo, y que fue despedido el pasado septiembre con expediente disciplinario. Béjar, imputado en el caso, ha afirmado en sede judicial que recurrió a la empresa del ex comisario, Cenyt, por indicación de sus superiores y ha denunciado a BBVA por despido irregular.

El otro destituido es el ex responsable de cumplimiento normativo y control interno en los servicios jurídicos, Eduardo Arbizu, aunque en su caso no ha sido fruto de expediente disciplinario, sino por considerar que era el enlace con el consejo de administración que debió haber vigilado mejor las contrataciones que se realizaron con funcionarios en activo como Villarejo. Ha habido más expedientes internos, pero han sido cerrados sin consecuencias al no hallarse responsabilidades.

Fuentes conocedores aseguran que también se habrían tomado ahora medidas contra otros directivos si todavía permanecieran en el banco, como es el caso del jubilado ex jefe de Seguridad, Julio Corrochano, señalado como principal responsable de la contratación de Villarejo e imputado también por corrupción al existir indicios de que recibió dádivas del ex comisario a cambio de encargos del banco.

El ex comisario recibió 7 millones entre 2004 y 2017, aunque se comprometieron pagos a su empresa Cenyt de hasta 11 millones, pero, según el informe forensicno hay datos que impliquen en el caso a Torres, que sucedió a González este año tras una década como miembro del comité de dirección como responsable de estrategia, banca digital y consejero delegado sucesivamente.

Tampoco a los otros 14 miembros del consejo de administración. Entre ellos permanecen consejeros muy veteranos como el ex secretario general, José Maldonado, vinculado al consejo desde el año 2000, Susana Rodríguez (desde 2002), Carlos Loring (2004), o Alfredo Drake, (2006), aunque también hay recién llegados como el actual consejero delegado, Onur Genç o el ex gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, incorporados tras el cese de los servicios de Villarejo a la entidad. Del consejero ejecutivo José Manuel González Páramo, ex miembro de la Comisión Ejecutiva del Banco Central Europeo incorporado en 2013, no se hallado tampoco irregularidad alguna. El caso más delicado en el consejo de administración podía ser el de Maldonado, que fue secretario general -y jefe de los servicios jurídicos- de Argentaria a las órdenes de Francisco González y de BBVA a partir de 2000 y hasta 2009, permaneciendo desde entonces como consejero, pero tampoco se le han hallado responsabilidades. Fue sustituido por el actual secretario general, Domingo Armengol, también limpio tras el informe forensic.

BBVA no hace oficialmente comentarios sobre el contenido del informe forensic al estar bajo secreto de sumario, pero corrobora que el banco ha actuado hasta ahora «siguiendo los procedimientos internos establecidos en base a hechos contrastados». Es decir, que, una vez concluidas antes del verano las grandes líneas del informe forensic, si sólo ha procedido a relevar a Arbizu y a Béjar, es que no hay datos contrastados de ningún otro alto cargo. Por eso, tampoco toma medidas contra nuevos imputados que declararán esta semana como el actual principal asesor de Torres, Juan Asúa, que fue jefe directo de Béjar en su época que dirigía el negocio en España, ni el jefe de servicios jurídicos contenciosos y juez y fiscal de carrera, Eduardo Ortega.

La Fiscalía pidió la imputación de estos dos altos cargos actuales, pese a que no había nada contra ellos en el informe forensic, tras la declaración de Béjar y ambos confían en que se trate de la tradicional táctica de la investigación judicial de ampliar la lista de imputaciones para intentar avanzar en procedimientos complejos, pero sin consecuencias futuras en su caso.

FG Y BBVA RESPONDERÁN A LAS PREGUNTAS

Con la declaración del ex presidente de BBVA, Francisco González, comienza hoy la nueva fase de la investigación del presunto espionaje de Villarejo a clientes morosos y personas incómodas para el segundo banco del país. González, que defiende su inocencia y que se enteró de que el ex comisario había trabajado para la entidad en mayo de 2018, cuando encargó una investigación interna, ha renunciado a su derecho a guardar silencio y responderá a todas las preguntas del interrogatorio judicial. Ha tomado la misma decisión BBVA, que estará representado por Adolfo Fraguas en la citación como persona jurídica investigada el próximo día 20. Se desmarcan así del ex consejero delegado, Ángel Cano, y el grueso de directivos y ex directivos de la entidad que se acogieron al derecho de silencio siguiendo el consejo usual de sus asesores legales.

Asimismo, el juez ha convocado para este mismo lunes al ex director de comunicación de la entidad, Javier Ayuso, aunque en su caso la citación es como testigo; y al investigado Antonio Bonilla, policía que en segunda actividad trabajaba para una de las empresas de Villarejo y que ya está imputado en otras piezas de la causa.

Para el martes has sido citados como investigados y también por delitos de cohecho y revelación de secretos, a Juan Asúa, principal asesor del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres; y a Eduardo Arbizu, que hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado al conocerse la imputación del BBVA, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA. Ese mismo día testificará como investigado el que fuera jefe de Riesgos de la entidad, Manuel Castro, actual consejero de Abengoa; y los sucesivos responsables de los servicios jurídicos, José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega.

Se unen así a la decena de imputados de antes del verano entre los que se encuentra sobre todo el ex jefe de Seguridad, Julio Corrochano, y también su sustituta, Inés Díaz Ochagavia. El mencionado Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y a su exdirector de Finanzas, Javier Malagón Navas, figuran en la lista. Béjar ha acudido varias veces y logró que se le retirara la amenaza de medidas cautelares por su colaboración judicial.

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