Anticorrupción pidió imputar al BBVA al considerar que durante 13 años vulneró «sistemáticamente» sus controles internos

La contratación del comisario José Manuel Villarejo por parte de BBVA «afecta a varias áreas sensibles del banco y a múltiples altos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo temporal». Con ese argumento, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez el pasado 23 de julio que acordara la imputación formal de la entidad financiera. Esa misma semana lo acordó el magistrado Manuel García Castellón.

Según el informe de 37 folios remitido a la Audiencia Nacional por los dos fiscales del caso Villarejo, durante 13 años BBVA permitió que se incumpliesen de forma continuada sus códigos de conducta y normativas internas y el código ético. Explican que respecto a la relación con Cenyt -la empresa empleada por el comisario en sus negocios con el banco-, «en BBVA no habrían funcionado adecuadamente, en ninguno de los casos, mecanismos eficaces de control para evitar que se vulnerasen sistemáticamente, durante un período de al menos 13 años, tanto su Código de Conducta de obligado cumplimiento para empleados y directivos de BBVA, como, al menos, la normativa interna en materia de selección, adjudicación y contratación de proveedores y el Código Ético de Proveedores».

Añaden los fiscales que esa «inexistencia de alertas, supervisión y control eficaz» para evitar «la permanente vulneración de la normativa interna en materia de selección, adjudicación y contratación de proveedores» por parte de varios departamentos desencadenó a su vez nuevos «incumplimientos constantes de la normativa interna del proceso de facturación, contabilización y pago» de los servicios prestados por Cenyt a BBVA.

Es decir, que la contratación de Villarejo supuso una cascada de irregularidades en múltiples departamentos del banco. Esa «falta de detección continuada en el tiempo de todas las «irregularidades» hacen que no sea posible, según Anticorrupción, limitar las responsabilidades penales a la actividad de su ex jefe de Seguridad, Julio Corrochano, o incluso de su anterior presidente, el también imputado Francisco González.

El juez coincidió con el criterio de Anticorrupción y el 29 de julio dictó un auto en el que consideraba «ineludible» imputar también a la entidad financiera por delitos continuados de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

«En la documentación que obra en poder de este juzgado», afirma García Castellón, «se observa que la persona jurídica BBVA pudo beneficiarse de las presuntas actividades ilícitas cometidas dentro de la propia compañía por miembros de su equipo directivo».

Los indicios de delito en la entidad corresponderían al periodo que va desde el 2 de diciembre de 2004, cuando firmó el primer contrato con la empresa de Villarejo, hasta el 31 de diciembre de 2017, última fecha de efectos del contrato firmado un año antes con Cenyt. Eso sí, la Fiscalía precisa que a la entidad no se le puede responsabilizar legalmente de lo sucedido los seis primeros años, porque no había entrado en vigor la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En los mismos escritos, tanto los fiscales como el juez rechazan la pretensión de BBVA de presentarse en la causa, no como imputado, sino como perjudicado por las actividades de sus directivos.

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