Condenan a entre 30 y 50 años de cárcel a siete hombres por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres

Han tenido que pasar más de tres años para que se empiece a hacer justicia en Honduras, donde el Tribunal de Sentencia de la Jurisdicción Nacional condenó hoy a 50 años de prisión a cuatro hombres por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016, mientras que otros tres han recibido una pena de 30 años de reclusión. Concretamente, los sicarios Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edilson Duarte y el militar retirado Henry Javier Hernández fueron condenados a 34 años de cárcel por el delito de asesinato contra Cáceres y 16 más por tentativa de asesinato contra un ciudadano de origen mexicano que se encontraba con ella el día de los hechos.

Asimismo, el Tribunal sentenció a 30 años de prisión por asesinato al lugarteniente retirado del Ejército y exjefe de seguridad de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) entre 2013 y 2015, Douglas Bustillo, el biólogo y exgerente ambiental de DESA, Sergio Rodríguez y al mayor del Ejército Mariano Díaz Chávez. Las siete personas fueron capturadas entre mayo de 2016 y febrero de 2017 en el marco de la operación ‘Jaguar’. Por su parte, la Fiscalía había solicitado privación de libertad de por vida. El juicio duró cinco semanas y los jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia emitieron fallo de culpabilidad el 29 de noviembre de 2018, si bien aún estaba pendiente establecer la pena.

No obstante, estas condenas contra las que cabe presentar un recurso de casación en los próximos 20 días, no satisfacen a Zúñiga Cáceres, hija de la ambientalista asesinada, al considerar que el día en el que se cumplen 45 meses del crimen «todavía no hay justicia», porque según ha denunciado, «los autores intelectuales siguen gozando de impunidad, a pesar de que se ha comprobado que la Empresa de Desarrollos Energéticos fue la encargada y responsable de asesinar a Berta Cáceres».

Así, ha lamentado que «los responsables que diseñaron, ejecutaron y financiaron este vil y cobarde asesinato aún no están en la cárcel» y, por eso, ha anunciado «al pueblo hondureño y a los pueblos del mundo que como familia continúa la lucha por la justicia de manera más fuerte ahora para que se castigue a los autores intelectuales».

Según la investigación, el presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, detenido en marzo de 2018, fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres.

LA LUCHA DE BERTA CÁCERES

Cabe recordar que esta empresa hondureña era la encargada de desarrollar el proyecto hidroeléctrico ‘Agua Zarca’ contra la que luchó Cáceres y que fue aprobado por el Gobierno instaurado tras el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya. Así, Cáceres, quien al momento de su muerte era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que fundó en 1995, logró paralizar esta infraestructura liderada por Roberto David Castillo. Detenido el 2 de marzo de 2018 y pendiente del proceso penal, logró la concesión durante 20 años del Río Gualcarque, sagrado para la comunidad lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, de origen Maya.

Para ello, Cáceres lideró protestas masivas y presentó hasta 33 denuncias ante el Ministerio Público y diversas organizaciones de derechos humanos, lo que habría provocado que el presidente de la empresa DESA viera frustrado su proyecto millonario y ordenara el crimen contra la ambientalista, quien murió a tiros en marzo de 2016 en su casa de La Esperanza (Intibucá).

Tras la sentencia de este lunes, las hijas e hijo de Berta Cáceres junto al COPINH han estimado que supone la «primera fisura al muro de impunidad total que sostiene a la estructura criminal responsable del crimen», si bien han insistido en que «la impunidad no termina con la sentencia a los autores materiales». En este sentido, han subrayado que «existen pruebas suficientes para procesar y sancionar a integrantes de la familia Atala y otros por el asesinato». Por ello, han considerado que la Fiscalía de Honduras «debe dejar de poner escusas para procesar y requerir el sometimiento a juicio de Daniel Atala, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala, entre otros». Asimismo, han abogado por que ante la «falta de justicia en Honduras» se instale una misión independiente que lleve adelante el procesamiento y sometimiento a juicio de los responsables».

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras ha resaltado la «importancia» de esta sentencia para el «esclarecimiento» de los hechos en torno al asesinato de la ambientalista, dado que, a su juicio, es un «primer paso hacia la identificación y sanción exhaustiva de todos los partícipes, incluyendo las autorías intelectuales». De este modo, ha recalcado que la determinación de todas las responsabilidades es «relevante si se quiere acabar con las estructuras de poder que promueven la violencia contra los defensores y defensoras de Derechos Humanos». Finalmente, ha recordado la «importancia de que el resto de las investigaciones en curso avancen de manera pronta y expedita».

Por su parte, la Fiscalía ha indicado que las diligencias investigativas «continúan para determinar la implicación de otros autores intelectuales en el asesinato de Cáceres».

‘NOBEL VERDE’

Cabe recordar que la firme oposición de Berta Cáceres que paralizó el proyecto de DESA tuvo su eco internacional cuando la ambientalista obtuvo en 2015 uno de los premios medioambientales Goldman para América Latina, considerado como el ‘Nobel Verde’, en reconocimiento a su campaña en contra de la empresa que se iba a encargar de la infraestructura hidroeléctrica.

Tras obtener la concesión del río, DESA contrató a una empresa china, Chinohidro, para realizar la construcción de las obras civiles, si bien tras la presión ejercida por Cáceres y su organización, terminó retirándose de Honduras. Al mismo tiempo, tras la muerte de la ambientalista, el banco holandés FMO, principal inversor en el proyecto Agua Zarca, decidió también retirarse de esta inversión a la que había destinado 15 millones de dólares, al igual que hizo el fondo de inversiones finlandés Finnfund que suspendió su inversión de cinco millones de dólares.

La empresa DESA, contra la que luchó Berta Cáceres, fue constituida el 25 de mayo de 2009 con un capital cercano a los 1.000 dólares, que incrementó hasta en 15.000 veces en tan solo cuatro años. Nada más conformarse esta sociedad, en noviembre de 2009, participó en la licitación energética por parte del Estado, que acabó ganando, a pesar de carecer de licencia ambiental. Así lo informó en su día la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.

Deja tu comentario