Álvaro Uribe, primer ex presidente colombiano que comparece ante la Corte Suprema de Justicia

El comienzo de la jornada fue el espejo de la división que genera la figura de Álvaro Uribe. Junto a la entrada de la Corte Suprema de Justicia, en el centro de Bogotá, un puñado de uribistas, detrás de una enorme bandera de Colombia, lanzaba consignas a su favor en una acera. Enfrente, en la contraria, blandiendo fotos del rostro del ex presidente con la palabra «Genocida», un grupo de manifestantes le gritaba «¡Asesino!». Nada que no obedeciera al guión de una eterna película que comenzó hace lustros.

Pese a la puesta en escena, el senador Uribe, que ingresó a la Corte rodeado de escoltas y policías, declinó hacer manifestaciones. Entró al edificio a las 7.40 (14.40 en la Península ibérica), 20 minutos antes de la hora programada, con el semblante relajado, para iniciar la indagatoria ante los jueces de la Sala de Instrucción del máximo tribunal colombiano.

Deberá responder a 100 preguntas a puerta cerrada y no hay certeza acerca del tiempo que durará, si un par de días o se prolongará durante más de una semana. Las acusaciones que pesan sobre el dos veces Jefe de Estado, senador en la actualidad y alma del Centro Democrático, son fraude procesal y soborno a testigos.

Será la primera vez en la historia de Colombia que un ex presidente comparece ante la Corte Suprema. Ni siquiera Ernesto Samper, que ganó las elecciones de 1994 con fondos del sanguinario cártel de Cali, fue juzgado.

Y si bien contra Álvaro Uribe hay incontables acusaciones, la que deberá afrontar desde hoy es una de las más enmarañadas. En febrero de 2012, el senador del socialista Polo Democrático, Iván Cepeda, presentó una demanda judicial después de un debate en el Senado donde le acusaba de conformar el Bloque Metro de los paramilitares y otros delitos graves.

El acusado contraatacó demandándole por crear un cártel de falsos testigos con ex paramilitares para que declararan contra él. Al estar ambos cobijados por el fuero que cubre a los parlamentarios, la Suprema fue la encargada de ver el caso.

Pero siete años más tarde sucedió un giro inesperado. Los magistrados, que habían archivado la causa contra Cepeda, decidieron abrir una investigación a Uribe por los mismos motivos con los cuales había acusado a uno de sus más acérrimos enemigos. Adoptaron la decisión en febrero del 2018, aunque solo se conoció en julio de este año.

En total son 42 testigos, en buena medida antiguos miembros de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). El principal, Juan Guillermo Monsalve, es un preso condenado a 40 años de cárcel. Hijo del capataz de la finca familiar de los Uribe, «Las Guacharacas», vendida en 1996 tras el asesinato de la cabeza del clan a manos de la guerrilla, asegura que el ex presidente conformó el Bloque Capital. Otros internos le secundan.

El quid de la cuestión, sin embargo, es que jura que un abogado de Uribe, Diego Cadena, intentó comprarle para que cambiara el testimonio.

Pero hay otros ex integrantes de las AUC que aseguran que fue Cepeda el que pretendió sobornarles a fin de que señalaran al ex mandatario.

Existen, además, grabaciones de conversaciones telefónicas del propio Uribe, realizadas de una manera inusual. La Corte tenía pinchado a otro parlamentario pero, «por error», intervinieron durante un mes al jefe del Centro Democrático. Alegaron que sólo se dieron cuenta al transcurrir ese tiempo, pese a que su voz es inconfundible en Colombia y sus interlocutores siempre le llaman «presidente».

«Ha trabajado como pocas personas por el país», dijo Iván Duque en la mañana del martes, a la salida de un acto público. «Yo resumo a Uribe en una palabra: honorabilidad».

Lo evidente es que sea cual sea el resultado final, una parte del país considerará que no se ha hecho justicia.

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