El fiscal del Tribunal de Cuentas acusa a Puigdemont de desviar más de ocho millones para el referéndum del 1-O

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, cifra en más de ocho millones de euros el dinero desviado ilícitamente por el Gobierno del expresidente Carles Puigdemont para sufragar la campaña y demás actos que concluyeron con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Torres acaba de elevar al órgano fiscalizador de las cuentas públicas una demanda (que ocupa medio centenar de folios) en la que imputa el citado desfalco a un total de 17 altos cargos del Gobierno de Puigdemont. Y destaca que este dinero, más del doble de lo descubierto por el juez Pablo Llarena en el proceso penal ahora pendiente de juicio en el Tribunal Supremo, fue destinado ilícitamente para conseguir la independencia de Cataluña de España.

Aunque fugado en Bélgica, la demanda sitúa al expresidente Puigdemont como principal responsable del desvío de fondos públicos para el 1-0

Hace poco más de un año, el Ministerio de Hacienda denunció ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas al destituido Gobierno de la Generalitat, que presidía Carles Puigdemont, y a las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural por emplear dinero público para financiar actividades destinadas a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Hacienda reclamaba a la fiscalía que calculase «los daños causados al erario público» para poder reclamar esos fondos a los miembros del Govern destituido tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esa cifra llega ahora, a un mes escaso del inicio del juicio del procés, y supera los ocho millones de euros.

Aunque fugado en Bélgica, la demanda sitúa al expresidente Puigdemont como principal responsable del desvío de fondos públicos. También va dirigida contra su exvicepresidente y consejero de Hacienda, Oriol Junqueras, preso en la cárcel de Lledoners, así como contra el resto de miembros de su Gobierno, que fue el que aprobó en distintas reuniones la salida del dinero para el procés y el referéndum del 1-0, según la fiscalía del Tribunal de Cuentas.

El fiscal considera que el desvío de dinero para el 1-0 puede superar incluso los ocho millones, puesto que aún, recalca, se están investigando las partidas que, camufladas bajo el ardid de actividades culturales, destinaron al referéndum las embajadas que la Generalitat posee en el extranjero. La mayoría del dinero se invirtió en publicitar el secesionismo dentro y fuera de España. Solo en España, la Generalitat gastó 7,5 millones en publicidad, según la demanda.

El Tribunal de Cuentas, tras recibir la demanda del fiscal, ha designado como instructora de las diligencias (le ha tocado por turno de reparto) sobre estos supuestos pagos ilegales a su consejera Margarita Mariscal de Gante, la misma que investigó el dinero desviado por el Gobierno del también expresidente catalán Artur Mas para financiar el referéndum del 9 de noviembre de 2014. Ambos comicios se celebraron pese a que habían sido declarados ilegales por el Tribunal Constitucional. Mas y varios de sus consejeros fueron condenados por el Tribunal de Cuentas en noviembre pasado a devolver a las arcas públicas los 4,9 millones de euros empleados en el referéndum ilegal del 9-N. Mas ha llegado a pedir públicamente ayuda económica para pagar el dinero que le reclama el Tribunal de Cuentas y levantar el embargo que pesa sobre su vivienda de Barcelona.

Mariscal de Gante instruirá las diligencias y, como medida cautelar, tal como hizo con el expresidente Mas, puede ordenar en cuestión de semanas el embargo preventivo de los bienes de los 17 demandados

Mariscal de Gante instruirá las diligencias y, como medida cautelar, tal como hizo con el expresidente Mas, puede ordenar en cuestión de semanas el embargo preventivo de los bienes de los demandados hasta reunir esa cantidad, cuyo pago es solidario. Es decir, que si algún demandado, o varios, carecen de bienes, los otros responderán por ellos hasta completar el dinero desfalcado al erario público. El Tribunal de Cuentas dará traslado de la demanda del fiscal a la Abogacía del Estado y a la propia Generalitat, como perjudicada por este supuesto desvío de dinero, para que se personen en las diligencias si lo estiman conveniente.

Entre los demandados, aparte de Puigdemont, figuran todos los miembros de su Gobierno, incluidos los que ahora se hallan presos (Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull o Jordi Turull). El fiscal ha apartado de la demanda, en cambio, por no tener la consideración de cargos públicos, al expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez. También está excluida de la demanda la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que también se halla presa al igual que Cuixart y Sánchez.

Igualmente figuran entre los demandados el fugado Antoni Comín, exconsejero de Sanidad, Jordi Baiget, de Empresa, Carles Mundó, de Justicia, y Santiago Vila, quien también formó parte del Gobierno de Puigdemont pese a que en última instancia se desmarcó de la vía unilateral para conseguir la independencia que abanderaron Puigdemont y Junqueras. La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, también figura entre las demandadas por el fiscal. Ella es quien debe velar por el buen uso del dinero público.

El fiscal del Tribunal de Cuentas ha pedido que se aporte a las diligencias una copia del sumario que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en relación con el proceso separatista y del que, por su lado, ya ha tramitado el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En las diligencias de Llarena, el dinero declarado malversado se acerca a los cuatro millones de euros, menos de la mitad de lo descubierto por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, quien entiende que hay indicios de responsabilidad contable contra 17 altos cargos de la Generalitat en relación con el 1-0.

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